Novedades en el derecho laboral en España para 2025

España cuenta con un sistema de derecho laboral que combina normas de rango estatal, autonómico y convenios colectivos. El texto base es el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), al que se suman otras leyes y reglamentos que regulan aspectos como los contratos de trabajo, la seguridad social, la negociación colectiva, la prevención de riesgos laborales o el salario mínimo interprofesional (SMI).

Entre los principios clave que rigen este sistema destacan:

• Protección del trabajador como parte más débil en la relación laboral.
• Libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.
• Proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias.
• Igualdad de trato y no discriminación en el acceso y desarrollo del empleo.
• Seguridad jurídica, mediante contratos claros y condiciones pactadas.

Además, el derecho laboral español se ve influenciado por las directivas europeas y tratados internacionales suscritos por España. Esto hace que las reformas no solo respondan a dinámicas internas, sino también a la evolución del mercado de trabajo en la UE.

El derecho laboral en España se basa en una serie de principios fundamentales diseñados para proteger la relación laboral y garantizar condiciones dignas de empleo. Estos principios no solo guían la interpretación de las normas, sino que también establecen el marco para los contratos individuales, convenios colectivos y resoluciones judiciales.

El sistema jurídico laboral parte de una posición de protección hacia el trabajador, reconociendo su posición estructuralmente más débil frente al empleador. Esto se refleja en disposiciones que limitan el poder disciplinario del empresario y exigen causas objetivas para despidos o modificaciones sustanciales.

Cuando existe contradicción entre lo pactado por escrito y lo que efectivamente sucede en el día a día laboral, la norma reconoce como válido lo que ocurre en la práctica. Es decir, si un trabajador tiene asignadas funciones superiores a las indicadas en su contrato durante un tiempo continuado, puede reclamar una categoría profesional superior.

El trabajador no puede renunciar a los derechos que le reconoce la legislación laboral o el convenio colectivo, aunque lo haga voluntariamente. Esta norma impide acuerdos abusivos o desequilibrados.

La ley garantiza el acceso al empleo, la promoción y la retribución sin discriminación por sexo, edad, origen étnico, discapacidad, orientación sexual u otras circunstancias personales o sociales.

Los convenios colectivos, pactados entre representantes de los trabajadores y de los empleadores, tienen valor normativo y pueden complementar o mejorar lo previsto por la legislación general.

Estos principios aseguran que, más allá de la literalidad de los contratos, se preserve una relación laboral justa, equitativa y orientada al desarrollo humano.

El año 2025 trae consigo diversas reformas legales y proyectos normativos que reflejan el esfuerzo del Gobierno y los agentes sociales por adaptar el marco laboral a la nueva realidad productiva, tecnológica y social.

Está en marcha un proceso de reforma del Estatuto de los Trabajadores que busca modernizar aspectos clave como:

• La definición del trabajo a distancia e híbrido.
• Los derechos digitales del trabajador (desconexión digital, uso de dispositivos).
• La inclusión de nuevas realidades contractuales, como los trabajadores de plataformas digitales y los freelancers dependientes.
• La jornada laboral se reduce a 37,5 horas semanales, sin disminución salarial.

Se prevé que esta reforma consolide derechos como el derecho a la desconexión digital o el acceso igualitario a la formación continua.

Desde enero de 2024, las prácticas formativas no remuneradas pasan a cotizar a la Seguridad Social. Esta medida, recogida en el Real Decreto-ley 2/2023, garantiza cobertura frente a contingencias comunes (enfermedad, accidente no laboral) y se amplía en 2025 con nuevos requisitos de formalización.

El Gobierno ha confirmado una nueva actualización del SMI para 2025, situándolo en 1.184 € brutos mensuales en 14 pagas. Esto responde al compromiso de mantenerlo en el 60% del salario medio neto, tal como exige la Carta Social Europea.

La “Ley Rider”, vigente desde 2021, ha sido ampliada en 2024-2025 para incluir a otros sectores del trabajo digital, como repartidores de ecommerce o profesionales freelance bajo algoritmos. Se exige mayor transparencia en el uso de algoritmos de asignación de tareas y se refuerzan los derechos de los trabajadores en plataformas.

Se han introducido ajustes en el contrato de formación-aprendizaje para hacerlo más accesible a jóvenes desempleados y adaptarlo a las nuevas necesidades del mercado, promoviendo la FP dual y los itinerarios formativos con incentivos fiscales para las empresas.

Se refuerza el uso obligatorio de medios electrónicos en trámites laborales:

• Firma electrónica de contratos, notificaciones y documentos de alta.
• Obligación de empresas con más de 10 empleados de comunicarse con la Seguridad Social y el SEPE por medios electrónicos.
• Nuevas guías del Ministerio de Trabajo para facilitar la implantación de software de control horario y registro salarial.

En España, la legislación laboral establece un equilibrio entre los derechos y deberes de ambas partes en la relación laboral. Estos marcos regulan no solo las condiciones contractuales, sino también el día a día del entorno de trabajo.

• Derecho a la igualdad y no discriminación: En el acceso al empleo, condiciones laborales, formación y promoción profesional.
• Derecho a un salario digno: Como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con pagas extras y otros complementos según convenio.
• Derecho a la jornada laboral máxima legal: Generalmente de 40 horas semanales y 8 horas diarias, salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.
• Derecho a descansos y vacaciones: Mínimo 30 días naturales de vacaciones al año.
• Derecho a la prevención de riesgos laborales: Condiciones seguras e higiénicas, evaluaciones de riesgos y vigilancia de la salud.
• Derecho a la intimidad y protección de datos: Incluso en el uso de herramientas digitales, según la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD.

• Cumplir con el horario, tareas y objetivos asignados.
• Actuar con buena fe y diligencia profesional.
• Respetar las normas internas, la política de empresa y a los compañeros.
• Cuidar las herramientas y activos del empleador.

• Formalizar el contrato y registrar la relación laboral en la Seguridad Social.
• Pagar el salario puntualmente y conforme a la ley o convenio colectivo.
• Proporcionar medios de trabajo adecuados y seguros.
• Respetar la conciliación familiar y los permisos legalmente establecidos.
• Informar y formar sobre prevención de riesgos.

Las relaciones laborales no están exentas de conflictos. Sin embargo, muchos pueden evitarse mediante una adecuada gestión de los recursos humanos y el cumplimiento normativo.

• Impagos o retrasos salariales.
• Despidos improcedentes o sin causa justificada.
• Modificaciones sustanciales del contrato sin consentimiento.
• Discriminación laboral (por edad, género, discapacidad, etc.).
• Acoso laboral o mobbing.
• Vulneración del derecho a la conciliación.

• Claridad en el contrato y en los manuales internos.
• Evaluaciones periódicas del clima laboral.
• Formación en liderazgo y gestión de equipos.
• Políticas activas de diversidad, equidad e inclusión.
• Registro documental de horas, tareas y comunicaciones.

• Vía interna: a través del departamento de RRHH o del Comité de Empresa.
• Vía administrativa: ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) .
• Vía judicial: en los Juzgados de lo Social.

Para navegar el complejo entorno del derecho laboral, existen recursos gratuitos y profesionales a los que tanto empleados como empleadores pueden acudir.

• Ministerio de Trabajo y Economía Social: dispone de guías actualizadas, buscadores de convenios, legislación vigente y campañas informativas.
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): ofrece orientación sobre contratos, subsidios, formación y procedimientos.
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social: canal para presentar denuncias o irregularidades laborales.

• Colegio de Graduados Sociales o Colegios de Abogados locales.
• Sindicatos y asociaciones profesionales.
• Consultoras laborales privadas especializadas.
• Despachos jurídicos online que prestan servicios a empresas y trabajadores autónomos.

En un contexto donde la digitalización transforma las relaciones laborales, contar con soluciones tecnológicas seguras es más necesario que nunca. En Yousign, ayudamos a empresas a modernizar sus procesos laborales mediante soluciones de firma electrónica avanzada y cualificada, legalmente válidas en toda la Unión Europea, que contribuyen a potenciar la captación de talentos.

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• Permite llevar un control de auditoría en tiempo real y agilizar la incorporación digital de nuevos empleados.

El derecho laboral español es un pilar fundamental para el equilibrio en el mundo del trabajo. Conocer sus principios, entender las reformas más recientes y aplicar buenas prácticas legales no solo es un deber, sino una ventaja competitiva para las empresas.

Las novedades para 2025 refuerzan la protección de colectivos vulnerables, apuestan por la digitalización y la equidad, y simplifican trámites para adaptarse a nuevas formas de empleo. A la vez, los trabajadores cuentan con más recursos para hacer valer sus derechos en un entorno cambiante.

Estas transformaciones exigen a las organizaciones un enfoque más proactivo, informado y humano. La adaptación ya no es opcional: es clave para atraer y retener talento, mejorar el clima laboral y cumplir con las exigencias regulatorias.

En Yousign creemos que modernizar las relaciones laborales va más allá de soluciones digitales, se trata de crear dinámicas seguras y centradas en las personas, capaces de potenciar el talento y el desarrollo personal y profesional de cada uno de los colaboradores ofreciendo ambientes sanos y adecuados para desarrollar el trabajo de forma efectiva, positiva y creativa.

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